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Desde Cuba por Miguel Saludes
Miércoles 15 de Marzo de 2006 (CUBANET)
El pasado 15 de febrero se cumplieron tres décadas de existencia de la Constitución Socialista vigente en Cuba. La prensa cubana reflejó el aniversario con un editorial breve, pero lo suficientemente enfático como para la ocasión.
Efectivamente aquel 15 de febrero millones de cubanos acudieron a votar por la primera carta que recogía sus deberes y derechos como ciudadanos de un país integrado al campo socialista. No creo que fueran muchos los que en aquel entonces anularan las boletas o miraran con malos ojos la propuesta de ley de leyes que ellos iban a refrendar con su voto. No existía plena conciencia del hecho histórico que se estaba dando. También se debe tener en cuenta que hasta ese momento Cuba había vivido fuera de un formalismo de legalidad constitucional, regida la vida de los nacionales de acuerdo a las llamadas leyes revolucionarias. No faltaba quien miraba confiadamente este paso de institucionalidad legal que al menos daría ciertas garantías a la sociedad cubana en cuanto a la aplicación de las leyes se refiere. Los más inclinados a la aplicación de un socialismo al estilo europeo en Cuba tenían la esperanza de que la influencia del Kremlin terminaría poniendo un freno a la manera de gobernar de un Fidel Castro empeñado en aparecer como un líder independiente que hacía y deshacía a su antojo sin tener en cuenta algunos límites reconocidos hasta por la nomenclatura moscovita.
Por otra parte, no debe resultar extraño que la convocatoria de referéndum y la anterior discusión del ante proyecto tuvieran tan amplia participación, inusitada según expresa el escrito aparecido en la prensa cubana. Aún el proceso revolucionario ofrecía un mundo mejor para las generaciones futuras del patio y las hendijas que permitirían una mirada más directa al mundo externo estaban por abrirse. También hay que sumar a esto el control absoluto mantenido por el gobierno sobre el pueblo, ejercido de manera efectiva por la propaganda y la dependencia al Estado totalitario que todo lo domina: escuelas, sindicatos, barriadas, etc. Lo que para esta parte del hemisferio occidental era un logro ya había dejado de serlo en Alemania nazi, en la Italia de Mussolini, en el país de los Soviets o en la China maoísta. ¿Cómo extrañarse entonces de que un 98 por ciento de votantes participara en Cuba en la aprobación del conjunto de leyes que iba a reglamentar el funcionamiento de la nación?
Tendrían que pasar todavía varios años, poco más de dos décadas para que el pueblo y el mundo comprendieran algunas realidades que entonces eran difíciles de ver para muchos. La aprobación de la Constitución del 76 sirvió al gobierno cubano para legitimizar el sistema político impuesto por las armas y ahora refrendado en las urnas. Cualquier mirada más profunda sobre el verdadero panorama de la Isla era paralizada con una contundente respuesta enarbolada hasta hoy por los personeros del régimen: el pueblo cubano votó por el socialismo en 1976 y el país se circunscribe dentro de las naciones que cumplen las normas de la democracia al regirse por una Constitución que estipula elecciones y libre participación del pueblo en sus asuntos. Existe pues una legalidad, socialista, pero legalidad en fin, apoyada de manera popular, que contiene los derechos y deberes ciudadanos. Bajo ella los cubanos están libres de ser excluidos o explotados como ocurre en otras partes del mundo.
La falsedad de esas afirmaciones tendría que ser demostrada con hechos. Y éstos no tardarían en producirse. Cuba había sido colocada bajo la égida de una potencia, que después se demostró no tenía poco de imperialista. Sus hijos, a la vez que votaban por un conjunto de leyes democráticas, estaban siendo enviados a lugares lejanos para asistir en guerras que a la larga se sabría respondían a intereses geopolíticos de las potencias. No porque su sangre se vertiera en aquellos lugares lejanos la vida de los que supuestamente defendían cambiaría para mejorar. Los procesos legales seguirían funcionando con igual dosis de arbitrariedad y falta de garantías jurídicas, poniendo una interrogante en el significado de la llamada legalidad socialista. Los actos de repudio de 1980, cuatro años después de aprobada la Constitución, las expulsiones de centros de trabajo y de estudios ante supuestas o verdaderas contradicciones ideológicas con el sistema, la prisión de miles de cubanos por el simple hecho de querer irse del país, la represión injustificada y la vigilancia organizada por aquéllos que debían proteger al ciudadano, el inquisitorial seguimiento de la vida individual de cada persona, entre tantas irregularidades no dan pie para muchas celebraciones sobre la democracia existente en Cuba bajo el amparo de la actual Carta Magna.
El Proyecto Varela, basado en los muy escasos resquicios legales dejados en esta Constitución debido a que nadie pensó que alguna vez pudieran ser utilizados y menos aún logrados, echó por tierra el mito de la democracia socialista en la isla antillana. Más de 20 mil cubanos dieron su Sí por un nuevo referendo, que sin discutir siquiera las bondades del socialismo, pedía garantías para que los ciudadanos pudieran elegir directamente a sus representantes en el parlamento y gobierno; para que esos mismos hombres y mujeres del pueblo pudieran establecer sus negocios y establecer contratos justos con las empresas contratistas (la mayoría establecidas con capital extranjero); para que los cubanos radicados en el exterior pudieran invertir en su propia tierra y dar trabajo a familiares y compatriotas: para que en definitiva nadie, o por lo menos muy pocos tuvieran que elegir el camino del exilio para mejorar su economía o en la búsqueda de aspiraciones más elevadas. Los que dijeron sí a la propuesta ciudadana entregada a la Asamblea Nacional el 12 de mayo de aquel año querían una modificación de las leyes que mantenían en prisión a tanta gente por el único delito de pensar distinto, para que la sociedad civil pudiera reunirse libremente, tener acceso a la información sin trabas y poder asociarse de acuerdo a sus intereses siempre que estos no fueran contrarios a la dignidad humana. ¿Acaso esas peticiones contradecían la legalidad socialista refrendada en la Constitución del 76?
Desde entonces el gobierno cubano desató la más terrible campaña represiva conocida en estos últimos años de su mandato. Prisión, tratos crueles, persecución, actos vandálicos auspiciados por los que dicen ser garantes de la legalidad, procesos judiciales faltos de todo bagaje legal y para poner el sello una nueva votación y marcha triunfalista, pues una vez más se sobre cumplió la amplia participación popular en la convocatoria gubernamental, para dar un nuevo Sí al socialismo, ahora para decir que este sistema es intangible y para siempre. Increíblemente, con ese acto el gobierno dio un golpe de estado contra la propia constitución que lo representó durante treinta años al burlar uno de los acápites que daba un derecho al pueblo. Desde entonces sólo existe el deber servil ante el poder dictatorial que nunca reconoció derechos, pero que ahora los anuló completamente. El Sí del 2002 acabó con lo poco de legal, constitucional o democrático que todavía algunos dicen descubrir en el sistema político vigente en Cuba. No hay mucho para festejar a treinta años de establecerse la Constitución Socialista de 1976.
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